Aunque en México la proporción de hospitalizaciones evitables por diabetes de tipo 2 e hipertensión arterial ha disminuido durante la última década, aún persiste una brecha significativa en el tipo de atención que reciben las personas afectadas por estas enfermedades crónicas y la población sin seguridad social que habita en los municipios con mayor índice de marginación resulta ser más vulnerable a presentar complicaciones que pudieron haberse evitado desde el primer nivel de atención.
Así lo señalan las conclusiones de un análisis ecológico retrospectivo publicado en la revista Salud Pública de México en el que participaron especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El objetivo del estudio fue estimar la magnitud y los determinantes sociales de las desigualdades en las hospitalizaciones evitables por ambas enfermedades crónicas en personas adultas sin afiliación a ningún sistema de seguridad social durante el periodo 2010-2020. El equipo autoral tuvo como base de análisis los 2.469 municipios de las 32 entidades federativas del país, utilizando datos censales así como de hospitalizaciones provenientes del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud federal.
Para identificar los egresos hospitalarios considerados como evitables por diabetes de tipo 2 e hipertensión arterial, las y los integrantes del equipo autoral utilizaron la clasificación propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a la que pertenece México, la cual se basa en diagnósticos que en caso de haber tenido seguimiento de atención primaria oportuna y efectiva desde el primer nivel podrían haber evitado o postergado la hospitalización.
Los hallazgos del estudio muestran un panorama contrastante: por un lado, la tasa nacional estandarizada de hospitalizaciones evitables por ambas enfermedades crónicas mostró descenso notable al pasar de 22,09 a 13,47 casos por cada 10.000 adultos sin seguridad social durante el periodo analizado. Sin embargo, el equipo autoral pidió interpretar con cautela estas cifras, dado que «reflejan decisiones administrativas del sistema público de salud (para reconvertir los hospitales) adoptadas durante la pandemia, mismas que redujeron la continuidad y capacidad operativa de atención para afecciones distintas a COVID-19».
Por otro lado, al aplicar el índice de concentración — herramienta estadística que mide la disparidad socioeconómica en relación con indicadores de salud— los resultados muestran mayor concentración de hospitalizaciones evitables en los municipios con mayor marginación durante los años que abarcó el estudio, es decir, índices de concentración negativos y significativos (p < 0,01: -0,18, -0,15, -0,14 y -0,20 en 2010, 2015, 2019 y 2020, respectivamente).
Estas cifras negativas indican que las hospitalizaciones innecesarias se concentraron principalmente en las comunidades más vulnerables del territorio mexicano hacia el final de la década analizada.
Al hacer el análisis de descomposición de la desigualdad en las tasas de hospitalización, los investigadores encontraron que los factores que contribuyen a esta situación son tanto de tipo socioeconómico como inherentes al propio sistema de salud.
Entre los determinantes relacionados con este último destaca el financiamiento insuficiente para instituciones sanitarias a través del gasto nacional en salud, así como la densidad del personal en las mismas.
«Este estudio ha documentado mayor concentración de hospitalizaciones evitables entre la población que vive en municipios con mayor nivel de marginación entre 2010 y 2020, es decir, la persistencia de la desigualdad que afecta los sectores de mayor vulnerabilidad social es un indicador que refleja el desempeño del sistema de salud», describió el equipo autoral en su artículo académico.
En el reporte se añade que el hecho de presentar esta información de manera desagregada a nivel municipal «aporta valor analítico y al debate sobre desigualdades en salud, ya que permite visibilizar las diferencias entre los municipios y zonas de mayor marginación y rezago que podrían quedar ocultos en análisis agregados estatales o nacionales, lo cual es particularmente relevante en un país con marcada heterogeneidad social y estructural como México».
Indispensable aumentar gasto en salud para disminuir la brecha
Consultado al respecto, el Dr. Sergio Meneses Navarro, doctor en ciencias de la salud con área de concentración en sistemas de salud e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, que no participó en el análisis, opinó que los resultados del mismo son reveladores y consistentes con los que han arrojado otras investigaciones previas sobre este tema.
«Efectivamente, durante la última década hemos observado que en términos generales el gasto de bolsillo en salud en nuestro país se ha incrementado en grupos poblacionales que de por sí padecen mayores carencias y vulnerabilidades. Esta situación constituye un auténtico círculo vicioso que genera mayor pobreza y problemas de desarrollo», señaló.
El médico recordó que un estudio retrospectivo reciente en el que participó, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto en los Hogares, mostró que las inequidades en la cobertura de salud en México se concentran en los sectores más vulnerables de la población.
Dicho análisis documentó que entre 2000 y 2015 en el país se redujo la proporción de población no asegurada de 55 % a 6,2 %; sin embargo, tras la desarticulación del Seguro Popular en 2019, la constitución del Instituto de Salud para el Bienestar (que a la postre también fue eliminado) y la llegada de la pandemia de COVID-19, la tasa se elevó 29,1 % en 2023.
De acuerdo con el mismo estudio, las mayores pérdidas de cobertura se registraron en estados del sur y en grupos de población más vulnerables. Dada la consistencia con los resultados de este nuevo análisis refinado hasta la escala municipal, el Dr. Meneses remarcó que la brecha observada en el acceso a los Servicios Médicos del Estado no es ninguna casualidad, sino una consecuencia de los cambios recientes en las políticas y la estructura de las instituciones públicas de salud.
«Sabemos que el gasto de bolsillo afecta más a las personas de menores ingresos y la falta de acceso a los Servicios de Salud las empobrece aún más, de modo que poco a poco se incrementan las brechas de desigualdad entre los diferentes sectores de la población en México. Por eso es fundamental aumentar la inversión pública para contrarrestar dicha situación y así contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa», puntualizó el Dr. Meneses.
Los autores del nuevo estudio proponen un abordaje intersectorial para abordar el problema, incluyendo la modificación de algunos componentes del sistema de salud, así como mayor inversión en este rubro, que incluya una asignación de recursos que de manera explícita se enfoque a eliminar o al menos reducir las brechas existentes.
«Para retrasar o evitar el desarrollo de complicaciones asociadas con la diabetes de tipo 2 y la hipertensión arterial, el sistema de salud debe garantizar el acceso oportuno y de calidad a los Servicios Médicos, principalmente en las unidades de primer nivel de atención, para lo que se requiere disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales, de infraestructura y fármacos para asegurar la prestación efectiva en todas las unidades del país y que haya gestión y administración apropiadas de estos recursos», plantearon los autores.
Asimismo, agregaron que algunas estimaciones señalan que hacia 2030 la demanda financiera para los Servicios de Salud en México destinados solo a la atención hospitalaria de la diabetes de tipo 2 será equivalente a 6 % del producto interno bruto del país. Para ponerlo en perspectiva, esta proporción es la mínima recomendable que se ha establecido con base en algunas evaluaciones realizadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS). El ejercicio presupuestal aprobado para las instituciones públicas de salud nacionales en su conjunto durante el presente año representa alrededor de 2,6 % del producto interno bruto, menos de la mitad de dicha recomendación.
El Dr. Meneses compartió la idea de aumentar el presupuesto al sector salud, pero además sugirió explorar opciones alternativas para obtener recursos, como los esquemas de colaboración público-privada que ya se han establecido en naciones como Inglaterra o Canadá para ampliar la cobertura de atención en el manejo de enfermedades crónico-degenerativas.
«Casi todo el primer nivel de atención en esos países lo hacen prestadores privados de Servicios de Salud, cuyas actividades incluyen enfoques preventivos, así como evaluación en la calidad de desempeño y la forma en que se traducen esos resultados en la salud de la población», concluyó.
El Dr. Meneses ha declarado no tener ningún conflicto de interés económico pertinente.
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