Las opiniones médicas deben ser independientes de la ideología del profesional. Sin embargo, hay que considerar que detrás de médicos y médicas hay individuos con diferentes antecedentes culturales, sistemas de valores y visiones del mundo.
Pero todos y todas, al elegir el camino de la medicina, se han comprometido con una profesión cuyo objetivo es el cuidado. No todos tienen que ser héroes y en general les molesta la idea de que su trabajo deba ser una misión. Hay quienes emprenden la carrera por curiosidad científica, otras personas por pasión tecnológica y también quienes buscan obtener un bienestar económico y reconocimiento social. Pero todos tienen en común el eje central de su trabajo, que es el cuidado del prójimo.
El caso de Rávena
Por eso me parece bastante unánime, entre los profesionales, la reacción ante el episodio del pasado 16 de septiembre, cuando por orden de la Fiscalía de Rávena, Italia, la policía allanó al amanecer los hogares de unos veinte médicos en toda Italia, incautando celulares y computadoras. Además, se suma el nombre del Dr. Nicola Cocco a la lista de otros ocho médicos del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Rávena, acusados en febrero de falsificación ideológica. El delito se referiría a certificados de inaptitud para la detención en Centros de Repatriación (CPR) que los distintos médicos habrían firmado para aproximadamente 30 personas extranjeras atendidas entre septiembre de 2024 y enero de 2026.
Sin embargo, el giro de los últimos días va más allá, llevando la investigación a otro nivel. El hallazgo de un borrador de certificado compartido entre personal médico y psiquiatras de nueve ciudades diferentes, según la Fiscalía, demostraría la existencia de una red organizada en todo el territorio nacional y, por tanto, configura incluso para el Dr. Cocco, la acusación de asociación para cometer delito. Esta estructura estaría organizada con el fin de producir certificados médicos falsos en colaboración con otras tres de las personas ya investigadas anteriormente y a quienes se les prohibió ejercer la profesión durante ocho meses. En cambio, a los demás se les prohibió ‘solo’ ocuparse en el futuro de certificaciones relacionadas con los Centros de Repatriación.
Personal médico y evaluación
La ley, más bien una directiva del Ministerio del Interior de 2022, establece que en primer lugar el médico debe examinar a fondo a la persona que se pretende enviar a uno de estos centros y luego evaluar, con base en sus hallazgos, la compatibilidad entre el estado de salud del sujeto y su permanencia en la estructura.
Dentro de lo que compete al profesional médico además de certificar la posible presencia de enfermedades infecciosas o afecciones psiquiátricas que podrían poner en riesgo a otras personas con las que el migrante pudiera estar en contacto cercano, también se encuentra el hecho de afirmar que la detención no es incompatible con la salud o la vida del individuo en cuestión, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Sin embargo, a las y los médicos les resulta difícil firmar una declaración de aptitud para la vida en un entorno comunitario restringido sin saber cómo reaccionará la persona ante las condiciones higiénico-sanitarias, el hacinamiento y, sobre todo, la total incertidumbre sobre su destino a la que a menudo se ven abandonados quienes ingresan a estos lugares. La visita para la certificación suele realizarse en regiones distintas a aquellas en las que la persona migrante quedará recluida, por lo que el médico ni siquiera puede conocer las características específicas del centro, incluida la disponibilidad de un psiquiatra o su distancia a los centros de primeros auxilios. En teoría, las normas prevén además una segunda fase de evaluación del estado de salud de los detenidos mediante exámenes realizados por personal médico contratado por la entidad administradora; sin embargo, en la práctica estos controles a menudo se quedan en el papel.
En resumen, ¿cuál es la tarea que se le pide al médico? ¿Una firma que alivie la conciencia de quien debe aplicar una ley que a menudo parece inhumana? Es importante reiterar que los Centros de Repatriación fueron establecidos a finales del siglo pasado por un gobierno de centro izquierda mediante la ley Turco-Napolitana, aunque en ese entonces se preveía que los tiempos de permanencia antes de la expulsión no pudieran exceder los 30 días. En cambio, hoy las personas que no tienen derecho a permanecer en el país, pero a las que por diversas razones no se les puede expulsar de inmediato, pueden ser retenidas en estos centros por un periodo que puede llegar a los 18 meses, el máximo permitido por la directiva europea.
Críticas a la situación actual
Como ha reiterado la Federación Nacional de Colegios de Médicos Cirujanos y Odontólogos de Italia, al médico, ya sea de derecha o de izquierda, se le puede solicitar una evaluación clínica sobre el estado de salud del individuo, pero no un acto administrativo que autorice el internamiento en una instalación de la que ni siquiera tiene conocimiento directo.
En cuanto a la acusación de asociación para cometer delitos, sería muy extraño que un delito tan grave —que para los instigadores prevé hasta siete años de prisión— se cometiera a plena luz del día. En cambio, hace apenas unos meses el Dr. Cocco firmó, junto con otros seis colegas de la Sociedad Italiana de Medicina de las Migraciones, una carta dirigida a Lancet Regional Health Europe, titulada The pathogenicity of immigration detention: a systemic conflict between medical ethics and harmful migration policies (La patogenicidad de la detención de migrantes: un conflicto sistémico entre la ética médica y las políticas migratorias nocivas).
Esta carta a la revista internacional es importante porque el tema no se limita solo a Italia. Existen centros similares en otros países europeos con periodos máximos de detención tan prolongados como estos, sin consideración alguna por los menores y en ocasiones extendiendo la medida incluso a los refugiados. En Reino Unido posterior al Brexit, donde ya no existen las restricciones impuestas por Bruselas, incluso las personas que no han cometido ningún delito, a quienes no se les ha impuesto ninguna pena, pueden permanecer recluidas por tiempo indefinido.
Perspectivas en América y España
En Estados Unidos ocurrió una serie de deportaciones masivas de personas migrantes o ciudadanos americanos con fenotipo hispano. En teoría, los organismos encargados de asegurarse de la salud de estas personas son el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE donde personal médico, de enfermería, odontología y profesionales de salud mental pertenecen directamente al gobierno federal (IHSC). Y están obligados a brindar chequeo básico y triaje dentro de las primeras 12 a 24 horas tras el ingreso a un centro de repatriación.
La disponibilidad real del servicio es un objeto constante de controversia, ya que informes de la Oficina del Inspector General (OIG), decisiones judiciales y organizaciones de derechos humanos han señalado deficiencias recurrentes, tales como escasez crónica de personal médico capacitado, demoras prolongadas para ver a un especialista y fallas en la atención de emergencias.
En España el ingreso masivo de migrantes en Ceuta desató una crisis humanitaria y de salud en la región, llevando a médicos de atención primaria y a la Academia de Medicina a exigir un refuerzo urgente de los recursos sanitarios.
Primum non nocere
Por eso en la primavera los médicos italianos contaron a sus compañeros de todo el mundo lo que había sucedido en Rávena, Italia, recordándoles algunos principios: ‘Los datos muestran que los elementos psicopatológicos son inherentes a la propia naturaleza de la detención administrativa que justifica la privación de libertad basándose exclusivamente en un estatus administrativo de irregular. En este contexto, la evaluación médica de la idoneidad para la detención se convierte en una paradoja clínica: certificar que un paciente es idóneo para un entorno notoriamente capaz de destruir la integridad psicofísica contradice intrínsecamente el principio fundamental primum non nocere (ante todo, no hacer daño) de Hipócrates’, escribieron los autores.
En enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) también había publicado un resumen de políticas, es decir, una guía para los gobiernos en la que recuerda que estos centros se consideran patógenos en sí mismos tanto por la aparición de enfermedades infecciosas y psiquiátricas como por otras amenazas para la salud.
Como señala Eva Benelli en Scienzainrete, los medios de comunicación nos informan periódicamente de casos de suicidio entre jóvenes recluidos, mientras que decenas de actos de autolesión que no llegan al desenlace más dramático pasan desapercibidos. Incluso el Consejo de Estado ha reconocido deficiencias concretas en la gestión de los centros de repatriación en lo que respecta a la insuficiente protección de la salud y a la falta de prevención del riesgo de suicidio.
El Dr. Cocco se defiende argumentando que los documentos prellenados son el borrador de una campaña que hubiera querido emprender precisamente para sensibilizar a la opinión pública sobre esta patogenicidad de los centros de repatriación a los que se puede terminar ingresando por un permiso de residencia no renovado o una solicitud de asilo rechazada. ¿Cómo se puede acusar de falsificación (incluso dejando de lado la acusación infundada de asociación ilícita) al médico, sin importar su ideología política, que no se sienta en condiciones de certificar la idoneidad de una persona para ingresar a los centros de repatriación?
Disclaimer: Este contenido no constituye asesoramiento médico y se ofrece solo con fines informativos. Siempre consulte a un profesional de la salud para obtener orientación sobre cualquier condición médica.
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